El jueves 11 de mayo se celebró una concentración convocada por la Red Antidesahucios, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la plataforma Stop-Desahucios para denunciar “el silencio y la inacción de la Administración Autonómica ante los desahucios”.
Además también critican la “falta de medidas de apoyo y de intermediación”, así como la “ausencia de alternativas habitacionales para personas vulnerables en riesgo inminente de desahucio” por parte de los responsables de Vivienda.
La concentración se celebró a las puertas de la Dirección General de Vivienda, sita en la Rampa de Sotileza, y durante el acto se explicó a los presentes y a los medios de comunicación la deriva y el funcionamiento ‘errático’ que ha tenido en los últimos tiempos la Oficina de Emergencia Habitacional, la Dirección General de Vivienda y la propia Consejería de Empleo y Políticas Sociales.
Roberto Mazorra, portavoz de la Red Antidesahucios y afectado él mismo por un un desahucio inminente, programado para el próximo 18 de mayo, expresó lo que está pasando: “Nos han dicho, nos lo llevan repitiendo que no tienen viviendas. Y es rotundamente falso. Pero en cualquier caso podrían hacer cosas que están haciendo en otras administraciones, como realquilar a través de la Administración para personas en riesgo de desahucio. Porque el problema que tienen las personas, cualquier persona ahora mismo, es alquilar”.
En dicha movilización también se demandó una mayor atención por parte de las diferentes administraciones con respecto a los recursos de salud mental para personas que van a ser desahuciadas.
Mazorra puntualiza: “Se toman los desahucios como si fueran cosas normales, simples eventos jurídicos, cuando hay un tremendo sufrimiento detrás que no se tiene en cuenta. Ya no es sólo que no haya recursos de salud mental sino que ni siquiera lo mínimo que es obligado por ley”.
El portavoz del movimiento antidesahucios se refiere a la obligación legal, a partir del Real Decreto 42/2022, que tiene la administración autonómica de aportar alternativas habitacionales a las personas en riesgo de desahucio.
Pero el representante del movimiento antidesahucios reclama algo mucho más sencillo: “Lo único que pedimos es reunirnos con los responsables de la Consejería y de la D.G. de Vivienda. El problema es que ni siquiera se dignan a recibirme, a recibirnos”.
Para Roberto Mazorra, el problema se sintetiza en una absoluta “falta de voluntad política” y la negativa a reunirse obedece a “una represalia contra el movimiento antidesahucios y contra él mismo por afear la conducta de los responsables de vivienda”.
Para el portavoz del movimiento antidesahucios ha habido un ‘deterioro continuado’ en el trato con las plataformas y con los afectados y denuncian que existe una ‘absoluta falta de comunicación’ con la Administración.
