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• La organización ecologista presentó ayer lunes alegaciones al informe sexenal del lobo en las que denuncia los intentos por parte de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León de ‘incluir en este informe graves deficiencias científicas, metodológicas y jurídicas para permitir que se mantengan las matanzas de lobos’.
• Las comunidades autónomas mencionadas ‘pretenden subordinar un informe científico a intereses políticos, alterando y desnaturalizando la información científica disponible’, afirma EA.
La formación Ecologistas en Acción Cantabria (EA) opina que los datos aportados por Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León ‘carecen de justificación científica suficiente” y buscan “construir artificialmente un escenario favorable para facilitar futuras políticas de control letal y desprotección jurídica del lobo. Según el propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, muchos de los datos autonómicos contienen incoherencias, errores y problemas metodológicos que ni siquiera permitirían su validación ante la Comisión Europea.
Ecologistas en Acción Cantabria considera ‘especialmente grave’ a la hora de evaluar el estado de conservación del lobo y su situación en el estado español, la ‘minimización sistemática de amenazas como el furtivismo, la caza ilegal, la fragmentación del hábitat, los incendios forestales o los problemas de conectividad genética de la especie por destrucción de hábitats o cuellos de botella’.
De igual forma, EA considera que las administraciones mencionadas ‘invisibilizan de manera sistemática la mortalidad por extracciones letales de lobos realizada por distintas comunidades autónomas tras la salida del LESRPE, lo que supone la omisión relevante de datos empíricos necesarios para una evaluación completa del estado de conservación, concretamente de 77 individuos’.
El Gobierno de Cantabria viene sosteniendo que el lobo en Cantabria se encuentra en un estado de conservación favorable, justificando con ello la matanza de 41 lobos. ‘Pues bien, ni siquiera ha respetado sus propios límites. La Consejera de Medio Rural ha informado que han muerto por diferentes causas 42 ejemplares adultos, superando la cifra legal. Pero, además, no ha informado de la muerte de entre 11 y 17 cachorros’, denuncia EA.
La organización Fondo Lobo ha tenido acceso a las necropsias de varias hembras abatidas por el Gobierno de Cantabria durante el año 2025. Tras revisar 14 informes, ha constatado que ‘tres de las lobas habían parido recientemente o todavía estaban gestando a sus crías’.
‘Es un despropósito incluir los cachorros de lobo para calcular el número total de ejemplares, pero olvidarse o esconder los datos de los cachorros muertos para lo contabilidad de la mortandad’, valora EA.
‘La muerte de estos cachorros, sumado a los lobos ya abatidos o muertos por otras causas, superaría “ampliamente” el cupo fijado por el propio Gobierno regional, establecido en 41 ejemplares.
La ciencia de la conservación ‘no puede ponerse al servicio de intereses políticos espurios y cortoplacistas. Manipular artificialmente el estado de conservación del lobo para justificar su persecución supone una desnaturalización grave de los mecanismos científicos previstos en la Directiva Hábitats’.
Entre las alegaciones presentadas, la organización destaca la necesidad de actualizar los censos poblacionales tras los grandes incendios forestales registrados el pasado año en el noroeste ibérico, que afectaron a centenares de cuadrículas de presencia de la especie, algo que ya han reclamado a los respectivos gobiernos autonómicos y que ha caído en saco roto. Ecologistas en Acción recuerda que los incendios forestales de gran intensidad además de provocar mortalidad directa de individuos, supone pérdida de refugios, reducción de presas y fragmentación funcional del hábitat, comprometiendo la viabilidad de las poblaciones y reduciendo aún más su número y el intercambio genético.
La organización ecologista exige que el informe sexenal mantenga la consideración del “estado de conservación desfavorable” para el lobo ibérico y reclama que cualquier evaluación ‘se base exclusivamente en información científica sólida, transparente y coherente con el principio de precaución y alejada de intereses políticos y de sectores económicos’.
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