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Santander, 17 de junio de 2026. Podemos Cantabria ha informado hoy de que la Fiscalía de Cantabria ha abierto diligencias de investigación tras la denuncia presentada por la formación sobre el convenio singular entre el Servicio Cántabro de Salud y el Hospital Santa Clotilde.
La Fiscalía ha acordado la apertura de diligencias tras la denuncia registrada por Podemos a mediados de abril, en la que la formación trasladó sus ‘dudas’ sobre la tramitación del convenio, la ‘falta de transparencia’ en el acceso al expediente, la ‘modificación posterior del compromiso económico y la utilización de una figura excepcional para articular un acuerdo de larga duración con una entidad privada’.
Desde Podemos recuerdan que este convenio ‘compromete cientos de millones de euros de fondos públicos durante los próximos años y consideran imprescindible aclarar si se cumplieron todos los requisitos legales, si existía una justificación suficiente para recurrir a esta fórmula y si se valoró previamente el refuerzo de los recursos propios del sistema sanitario público’.
Además, Podemos Cantabria incluyó en su denuncia la ‘preocupación’ por otros convenios en tramitación, como el de Mutua Montañesa, sobre el que la Consejería de Salud ‘ha reconocido la existencia de trabajos preparatorios pero se ha negado a facilitar documentación alegando que se encuentra todavía en fase de elaboración’.
Para la formación, este hecho demuestra que el debate no se limita únicamente al convenio de Santa Clotilde, sino al modelo sanitario que se está impulsando en Cantabria. Las diligencias abiertas por la Fiscalía de Cantabria se suman a las ya iniciadas por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que mantiene un expediente abierto también a instancias de Podemos. De este modo, dos vías de control independientes están analizando, desde sus respectivos ámbitos, distintos aspectos de un convenio que condiciona el futuro del modelo sanitario público de Cantabria.
Pablo Gómez, consejero ciudadano de Podemos Cantabria destaca que “el propio planteamiento del convenio parte de una premisa preocupante: que el modelo anterior no permitía el desarrollo de una mayor infraestructura sanitaria privada. Pero la función de las administraciones públicas no es garantizar el crecimiento de operadores privados, sino asegurar una sanidad pública universal, fuerte y de calidad. Mientras las políticas sanitarias partan de reforzar lo privado con recursos públicos en lugar de fortalecer lo público, nos tendrán enfrente”.
La formación aclara que “No cuestionamos el trabajo de los profesionales sanitarios de ningún centro; cuestionamos un modelo que compromete recursos públicos durante décadas sin haber demostrado previamente que no podían destinarse a ampliar la capacidad del propio sistema público”.
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