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El mercado de la Vivienda está seriamente afectado por alquileres vacacionales y de temporada que, en muchos casos, además son ilegales y en dinero negro
Airbnb no es tan solo un ejemplo de los múltiples problemas que han generado las «disruptivas» empresas tecnológicas en el mundo real, sino que además ha traído severos perjuicios en el bien de primera necesidad como es la Vivienda en España. También está el conflicto añadido de que muchas de las viviendas ofertadas en la plataforma son ilegales y los ingresos escapan de la Agencia Tributaria española, esto es son ilegales.
Ahora, el Ministerio de Consumo que dirige Pablo Bustinduy ha multado a la tecnológica Airbnb con 64 millones de euros, que la empresa tendrá que pagar aunque podrá presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Consumo impuso esos 64 millones que serían «seis veces el beneficio ilícito» que Airbnb habría obtenido con «malas prácticas» que podrían ser la publicación de anuncios de alojamientos turísticos sin licencia, los anuncios con números de licencia falsos, e incluso aquellos anuncios sin información veraz sobre la naturaleza jurídica de los «anfitriones» del inmueble.
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