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El Juzgado aún no ha procedido a cumplir las medidas solicitadas por la ONU y paralizar el desalojo. La PAH llama a una concentración en la vivienda en Santa Cruz de Bezana para protestar contra el desalojo este jueves 4 de septiembre a las 8 de la mañana.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha pedido la suspensión de un desalojo de una vivienda programado para mañana jueves 4 de septiembre en Cantabria. A través de su Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, un órgano de protección de los Derechos Humanos, la ONU ha pedido al Estado español suspender el lanzamiento de Alexia, vecina de Santa Cruz de Bezana con una discapacidad reconocida.
Pese a esta resolución dada a conocer por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) emitida de urgencia ayer por Naciones Unidas, el lanzamiento sigue programado por el Juzgado de Primera Instancia nº8 de Santander que, a fecha de la redacción de esta noticia, no ha procedido a su suspensión. Alexia no cuenta con ninguna alternativa habitacional y se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad tanto por motivos de salud como económicos.
El inmueble pertenece a la sociedad Zeus SA, un conocido fondo de inversión con múltiples propiedades a lo largo del país. Esta empresa adquirió la vivienda de Alexia mediante subasta tras un procedimiento de ejecución hipotecaria instado por el banco ING Direct.
El precio de adquisición del inmueble por parte de Zeus SA fue de alrededor de los 50000 euros, en una zona donde las viviendas se venden actualmente por más del triple de esa cantidad.
Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Santander – Cantabria (PAH) alertan de que este tipo de operaciones son la muestra de una creciente especulación inmobiliaria con lo que “debería ser un derecho: la vivienda”. Además, la PAH denuncia la inacción de las autoridades competentes ante una resolución internacional que obliga a garantizar el derecho a la vivienda y a la salud de Alexia.
El colectivo asegura que España, como Estado firmante del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tiene la obligación de acatar estas peticiones de la ONU y no hacerlo supone un ‘grave incumplimiento de la normativa en materia de derechos humanos’.
Desde la PAH, finalmente, hacen un llamamiento a la ciudadanía, colectivos sociales y medios de comunicación a acudir el jueves 4 de septiembre a las 8 de la mañana en la calle Respuela 4C (Bezana Lago) para exigir que se respete la resolución de la ONU y se suspenda el desahucio de Alexia.
En la respuesta de la ONU se explica que, de conformidad con el artículo 5 del Protocolo Facultativo, el Comité, por intermedio del Grupo de Trabajo sobre comunicaciones, ha solicitado al Estado parte tomar medidas para ‘evitar posibles daños irreparables a la autora’ mientras su caso está siendo examinado por el Comité, consistentes en la suspensión del desahucio de la vivienda en la cual actualmente habita, o alternativamente otorgándole una vivienda alternativa adecuada a sus necesidades’.
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