Una Guía de Buenas Prácticas entrará en vigor la próxima semana
El gobierno de Cantabria está decidido a cortar de raíz las sospechas generadas después del escándalo por las presuntas adjudicaciones amañadas por un funcionario en la consejería de Obras Públicas.
Tras aceptar la dimisión del consejero José Luis Gochicoa y varios altos cargos, a pesar de no estar relacionados con el sumario de la investigación, desde el ejecutivo presidido por Miguel Ángel Revilla se están dando pasos firmes para reforzar los controles sobre la contratación.
El Gobierno ultima una guía de buenas prácticas sobre contratación, que incluye nuevas medidas de control sobre los expedientes e informes, para todas las Consejerías a la hora contratar cualquier tipo de obra o servicio. Será un documento único para todos los órganos y las mesas de contratación.
«En aras a garantizar la transparencia en la contratación pública», explica el ejecutivo en un comunicado, la medida se suma a la obligación de las direcciones generales de elevar un informe sobre el grado de cumplimiento de las contrataciones, los contratos menores, las empresas adjudicadas o los presupuestos, entre otros aspectos.
La nueva guía de buenas prácticas recogerá las resoluciones que han ido dictando los tribunales centrales de recursos contractuales, recomendaciones del Tribunal de Cuentas y diversas medidas que ya estaban siendo adoptadas, pero que se recopilarán en una instrucción única aplicable a todos los órganos de contratación.
La guía hará hincapié en aspectos como la posibilidad de que los informes técnicos sean valorados por los técnicos competentes en la materia de otras consejerías o la creación de un comité de expertos cuando los criterios de juicio de valor superen a los objetivos, entre otras medidas.
