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En julio de 2025 el ministro Óscar Puente visitó la zona, que no ha dejado de causar problemas y ahora las obras están paradas
Santander, 27 de octubre. Podemos Cantabria denuncia que las obras del tercer carril de la A-67 entre Santander y Polanco llevan semanas paralizadas y en estado de abandono. La UTE adjudicataria retiró hace varias semanas la maquinaria del tramo y la situación se arrastra sin que nadie dé una fecha para retomar los trabajos. Se trata de una actuación que arrancó en abril de 2024 y supone una inversión de unos 180 millones de euros en el corredor que más tráfico soporta de toda Cantabria.
El candidato de Podemos al Congreso de los Diputados, Pablo Gómez, advierte de que el abandono de la obra tiene consecuencias directas sobre la seguridad de quienes circulan cada día por la autovía. La obra se ha quedado a medias, con estrechamientos sin resolver y un firme en mal estado, lo que está detrás de los accidentes que se repiten prácticamente a diario en esos tramos y que la prensa recoge de forma constante. Además, la estrechez de la zona dificulta el paso de ambulancias y camiones de bomberos, de modo que un accidente puede traducirse en una atención más lenta justo cuando cada minuto cuenta.
«No hablamos de una obra más que va con retraso. Hablamos de una autovía por la que pasan decenas de miles de personas cada día y que hoy es más estrecha y más peligrosa que antes de empezar. Cuando una ambulancia puede quedarse atrapada, ya no es un problema de plazos, es un problema de vidas», afirmó Pablo Gómez.
Asimismo, Gómez señala la necesidad de actuar con criterio técnico e institucional a la hora de replantear los trabajos: «Pedimos que revisen bien la planificación y valoren no retomar las obras en el tramo de Bezana, donde ya existen tres carriles y no tiene sentido mantener afecciones innecesarias a la circulación».
Desde Podemos responsabilizan en primer lugar al Ministerio de Transportes, que ha permitido que una obra de esta magnitud se detenga sin un calendario claro de reanudación. Mientras el Gobierno central negocia con la empresa la revisión de precios que esta reclama, la adjudicataria había solicitado el 16 de junio la suspensión temporal total de los trabajos, alegando que estaban muy condicionados por la redacción de un modificado. Podemos considera que una administración que contrata una obra pública debe garantizar su ejecución y vigilar que el contrato se cumpla, y no puede dejar la seguridad de miles de conductores en manos de una disputa económica.
Asimismo, la formación morada extiende la responsabilidad al Gobierno de Cantabria. Recuerda que el Ejecutivo del PP no pidió explicaciones al Gobierno central hasta el 27 de julio, más de cinco semanas después de que la empresa solicitara suspender las obras, y que desde entonces ha centrado su respuesta en el reproche político al Ministerio sin ofrecer medidas propias. Podemos subraya que, aunque la carretera sea de titularidad estatal, el Gobierno cántabro sí es competente en los servicios de emergencias, como el 112 y los bomberos, y no ha dado a conocer ningún plan específico para garantizar el paso de ambulancias y camiones de bomberos por una zona que ha quedado más estrecha y peligrosa. Tampoco ha informado de medidas para reforzar las vías alternativas de su competencia ni ha exigido de forma pública un calendario concreto de finalización.
«Ni el Ministerio ni el Gobierno de Cantabria pueden lavarse las manos. Uno tiene que hacer cumplir el contrato y el otro, que sí tiene en su mano los servicios de emergencia, no puede limitarse a pedir explicaciones y a tirarse los trastos a la cabeza. Lo que necesitan los cántabros y cántabras son soluciones y un calendario, no confrontación partidista», señaló Pablo Gómez.
Por todo ello, Podemos Cantabria reclama un calendario público y vinculante para reanudar las obras, un protocolo de actuación con los servicios de emergencia que asegure el paso en cualquier circunstancia, y transparencia total sobre el estado del contrato y las posibles penalizaciones a la empresa. Reclama también que se hagan públicos los datos de accidentalidad registrados en la zona desde el inicio de las obras. La organización anuncia que llevará esta cuestión por todas las vías posibles y seguirá exigiendo que la seguridad de la ciudadanía cántabra esté por delante de cualquier cálculo político o empresarial.
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