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La Justicia ha condenado al Ayuntamiento de Santander por negar el pago de una formación para un Policía Local, en la que es la cuarta condena conseguida por los servicios jurídicos de CSIF contra el consistorio santanderino. El sindicato valora esta «sucesión de resoluciones judiciales» como una situación ‘que vuelve a poner de manifiesto que los tribunales están corrigiendo decisiones administrativas que han perjudicado a empleados públicos municipales’.
En esta ocasión, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santander ha estimado
íntegramente la demanda presentada por los servicios jurídicos de CSIF Cantabria en defensa de
un agente de la Policía Local adscrito a la Unidad Canina, reconociendo su derecho a percibir el
reintegro de 1.550 euros correspondientes a un curso de adiestrador canino profesional,
formación específica y necesaria para el desempeño de sus funciones.
La sentencia deja acreditado que el curso fue propuesto y autorizado por el entonces Jefe de la
Policía Local, que su realización respondía a una necesidad del servicio y que el funcionario
adelantó el coste con el compromiso de que le sería reembolsado por el Ayuntamiento.
Pese a ello, la Administración mantuvo durante años una inactividad injustificada, obligando al
trabajador a acudir a los tribunales para reclamar un derecho que ahora ha sido reconocido.
El fallo resulta especialmente contundente al señalar que «no existe fundamento alguno para
rechazar el pago», considerando que la desestimación por silencio administrativo carecía de
cualquier sustento jurídico. En consecuencia, el Juzgado anula la actuación municipal, condena
al Ayuntamiento al abono íntegro del importe del curso y le impone además el pago de las costas
procesales.
Para CSIF Cantabria, esta resolución evidencia una forma de gestionar los recursos humanos que
genera conflictos innecesarios y obliga a los empleados públicos a judicializar asuntos que
podrían resolverse mediante una correcta actuación administrativa. Resulta especialmente
significativo que el Ayuntamiento mantuviera su negativa al pago pese a constar acreditada la
necesidad de la formación, su autorización, su realización y el desembolso efectuado por el
funcionario.
Con esta sentencia son ya cuatro las resoluciones favorables obtenidas por los servicios jurídicos
de CSIF Cantabria frente al Ayuntamiento de Santander en apenas dos semanas, un balance que
demuestra tanto la solidez de las reclamaciones planteadas por el sindicato como la calidad del
trabajo desarrollado por su equipo jurídico.
Desde el sindicato se considera “preocupante que sea la vía judicial la que, de forma reiterada,
tenga que corregir decisiones administrativas que afectan a los derechos de los trabajadores
municipales, con el consiguiente coste económico para las arcas públicas derivado de las
condenas, el pago de intereses cuando corresponda y las costas procesales, gastos que podrían
evitarse con una gestión más rigurosa y respetuosa con la legalidad”.
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