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La formación Ecologistas en Acción Cantabria (EA) ha denunciado públicamente la persistencia de ‘construcciones y ocupaciones ilegales’ en una parcela de suelo rústico protegido en el paraje Monte Lugar (Suances), donde se mantienen caravanas, autocaravanas y una plataforma tipo merendero que ‘vulneran de forma abierta la legislación urbanística y ambiental vigente’, a juicio del colectivo ecologista.
EA explica que pese a haber sido ordenada su retirada por el Ayuntamiento hace meses, ‘los responsables continúan explotando el terreno como si fuera de uso privativo, desafiando la normativa y degradando el entorno’.
Los hechos están acreditados en el expediente municipal 2024/1216, iniciado tras denuncia del SEPRONA, y confirmados por el propio Ayuntamiento, que ha declarado la “incompatibilidad radical” de estos usos con la ordenación urbanística de la zona, debido a que el suelo rústico protegido prohíbe expresamente el uso residencial y de acampada. Ecologistas en Acción denuncia que, a pesar de ello, el Ayuntamiento ‘ha permitido que la ocupación continúe, consolidando un precedente gravísimo de impunidad urbanística’.
EA detalla que la ocupación vulnera directamente la Ley 5/2022 de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria (LOTUCA). El propio Ayuntamiento ha advertido en la resolución notificada el 14 de octubre de 2025 que los hechos pueden constituir una infracción urbanística “muy grave”, sancionable con multas que van de 30.001 a 300.000 euros, sin perjuicio de la obligación de demolición y restitución del terreno a su estado original.
“Lo que está ocurriendo en Suances no es un despiste ni un error administrativo: es la ocupación deliberada de suelo rústico protegido, su privatización ilegítima y la prolongación de un uso prohibido pese a órdenes firmes de retirada”, declara Ecologistas en Acción Cantabria, y apunta a que la falta de actuación inmediata del Ayuntamiento ‘no sólo tolera una ilegalidad urbanística flagrante, sino que envía un mensaje peligroso: que cualquiera puede apropiarse del territorio común, instalar estructuras estables y convertir un espacio protegido en un chiringuito privado sin consecuencia real’.
“La inacción institucional se convierte en cómplice cuando permite que lo ilegal se perpetúe. Defender el territorio no es opcional: es una obligación legal y democrática”, denuncia la organización.
EA exige la ejecución subsidiaria inmediata y retirada total de las instalaciones, una sanción ejemplarizante conforme a la LOTUCA, ‘sin rebajas ni excusas’, vigilancia para evitar nuevas apropiaciones del suelo público, y cese del uso privativo del territorio y restitución del entorno.
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