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El sindicato advierte que la Formación Profesional “no es ni debe ser un negocio” y recuerda los muchos retos pendientes en su ámbito público
El Sector de Enseñanza de la Federación de UGT-Servicios Públicos ha defendido hoy en un comunicado la enseñanza pública de FP en Cantabria, tras rechazar el convenio suscrito por el Gobierno de Cantabria con una universidad privada, la Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO).
El sindicato exige al Ejecutivo autonómico “una apuesta decidida por el desarrollo de la educación pública como única vía para garantizar la igualdad, la equidad y la calidad educativa” y recalca que “la Formación Profesional no es ni debe ser un negocio con el dinero público de toda la ciudadanía de Cantabria”.
Para UGT-Enseñanza, este convenio con la universidad privada “compromete de por sí del propio desarrollo de una FP en Cantabria con cada vez más alumnado, y más, cuando tiene que afrontar retos como la adecuación de titulaciones, las mejoras en las condiciones laborales de sus profesionales y la actualización y modernización de las aulas para los diferentes ciclos formativos ya existentes en nuestra comunidad”.
“Antes que entregar dinero público a una universidad privada para impartir FP, habría que resolver que el profesorado técnico de FP sufra una desigualdad salarial inaceptable desde hace años o que las titulaciones ofertadas no sólo respondan a criterios economicistas y atiendan la demanda real del alumnado y deje de haber familias profesionales saturadas por su gran demanda y con grandes opciones laborales”, agrega UGT-Enseñanza.
En relación a esta última reivindicación, el sindicato pone como ejemplo la familia profesional sanitaria que “es donde más se aprecian los efectos de la privatización de la FP porque, ante la nula inversión para su implantación y desarrollo en centros públicos, el alumnado interesado en cursar esta formación se queda fuera ante las elevadas notas de corte por la falta de plazas disponibles”.
“A este alumnado no le queda otra que recurrir a la oferta educativa privada después de que convenientemente la Consejería de Educación haya otorgado la titularidad a centros privados para que sean ellos quienes impartan esta formación profesional y con el doble de coste económico subsiguiente para las familias cántabras y sus hijos e hijas”, agrega el sindicato.
UGT matiza que hay cuatro grados superiores de la familia profesional sanitaria (Audiología Protésica, Dietética, Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear y Prótesis Dentales) que “en Cantabria sólo se pueden estudiar en centros privados”.
El sindicato demanda ampliar las enseñanzas sanitarias a otros centros educativos públicos, además de solucionar “la carencia de ciclos formativos profesionales para personas trabajadoras muy necesarias en los servicios públicos”.
“Como se ha puesto de relieve este verano con los incendios forestales, es más que necesario implantar en centros educativos públicos la titulación de Técnico Superior de Coordinación de Emergencia y Protección Civil porque en el norte de España sólo se imparte en Vitoria”, subraya el Sector UGT-Enseñanza en Cantabria.
Para el sindicato, “se tiene que potenciar la enseñanza de FP en la modalidad virtual que apenas ha aumentado (de 23 a 25 cursos entre 2022-2023 y 2025-2026), ampliar estudios en muchas familias profesionales como en los servicios a la comunidad que es una de las más demandas e incorporar ciclos de técnico superior”.
Necesidad de ciclos de técnico superior
“En Cantabria, son muchos los ciclos de técnico superior pendientes de implantar; como el de Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género, Técnico Superior en Formación para la Movilidad Segura y Sostenible, Técnico Superior en Mediación Comunicativa o Técnico Superior en Animación sociocultural y turística”, agrega UGT-Enseñanza
En este sentido, el sindicato recuerda que “cuando estaba en la oposición, la propia presidenta actual de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, defendió una enmienda en el Parlamento para reconocer el Grupo B de Técnico Superior en la ley de Función Pública y ahora tiene la oportunidad de hacerlo en los próximos Presupuestos de la Comunidad Autónoma”.
“La implantación del Grupo B, como ya se ha hecho prácticamente en todas las comunidades autónomas, daría la posibilidad de que las personas trabajadoras en posesión de un título de grado superior en FP puedan acceder a prestar servicios en cualquier ámbito público de nuestra comunidad en un puesto de trabajo acorde a su titulación”, explica el sindicato, que critica que “en la actualidad se ven condenados a acceder exclusivamente a plazas del grupo C para las que se exige menor titulación”.
El sindicato puntualiza que “esta incongruencia tiene dos consecuencias importantes; de un lado tienes personas sobrecualificadas en puestos de desempeño inferior al que están cualificados e impidiéndoles la promoción interna porque no tiene lugar donde encuadrarlos; y de otro, quitan plazas para aquellas personas que por su titulación y competencias les corresponde el Grupo C”.
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