Países como Finlandia han conseguido reducir las estafas telefónicas en casi un 90% tras la implementación de medidas similares
Escenario típico a la hora de la siesta: suena el móvil con un número de origen 911 que a priori podría parecer de Madrid, pero nada más lejos porque es otro «spammer» telefónico con la aviesa intención de vendernos cualquier cosa, cambiarnos de compañía telefónica, eléctrica y/o gasística e incluso, en el peor de los casos, para timarnos con criptomonedas o cualquier otra estafa.
El telemarketing no deseado, también conocido como «spam telefónico», se ha convertido en un problema de primer orden en países como España, donde cada dos por tres un ciudadano normal recibe toneladas de llamadas molestas y, además, peligrosas.
Aunque el prefijo sea un 911 o cualquier otro, el teleoperador puede estar físicamente ubicado en cualquier lugar de América del Sur, África o en cualquier cuchitril llamado «call center» en cualquier parte del mundo, lo que dificulta el rastreo policial y judicial de las estafas. Ahora, con la nueva normativa se pretende dificultar que esto se pueda llevar a cabo.
El gobierno de España, que ya intentó con poco éxito reducir este molesto caudal de llamadas diarias al ciudadano, a través del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, ha preparado nuevas medidas que en este caso afectan de forma directa a los teleoperadores. Estas empresas podrán bloquear las llamadas realizadas mediante números no asignados a ningún servicio u operador, con lo que se espera reducir el número de llamadas.
La otra medida clave es obligar a los operadores a bloquear todas las llamadas y SMS que utilicen números nacionales pero con origen internacional, porque este tipo de llamadas son las más utilizadas para estafas de todo tipo.
También se creará una base de datos gestionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que bloqueará cualquier “mensaje procedente de entidades no incluidas en esta base de datos” con nombres de empresa.
Varias de estas medidas están basadas en la experiencia en otros países como Finlandia, donde se han reducido este tipo de estafas en casi un 90% tras la implementación de regulaciones similares.