Cristóbal Palacio ha denunciado un presunto caso de corrupción en Función Pública
Santander- 07.03.2022
El Gobierno de Cantabria ha pedido hoy a Vox que “deje de mentir” y ha negado “con absoluta rotundidad” las “infamias” difundidas esta mañana por su portavoz parlamentario, Cristóbal Palacio, al acusar a la directora general de Función Pública de “una infracción inexistente” de la Ley de Incompatibilidades.
En contra de las manifestaciones de Palacio, el Ejecutivo ha garantizado que la actuación en el concurso de méritos resuelto en febrero de 2022 fue “absolutamente intachable y ajustada a derecho”, por lo que ha atribuido las acusaciones “infundadas” del parlamentario a “un intento desesperado de difamar al Gobierno, en la búsqueda de réditos electorales”.
“No es verdad que la directora de Función Pública vulnerara la ley”, ha recalcado. Además, ha retado al portavoz de Vox a acudir a los tribunales “si de verdad aprecia el más mínimo indicio de una infracción”, aunque también ha augurado que “no lo hará”, porque “es abogado y sabe perfectamente que no hay caso”. “Miente y lo sabe”, ha apostillado.
De hecho, ha cuestionado que haya esperado hasta hoy para “enfangar” un concurso de méritos celebrado hace más de un año y resuelto “conforme al exclusivo criterio de la comisión de valoración constituida al efecto”, formada íntegramente por jefes de servicio y subdirectores de la Administración regional y en la que no participó ni la directora de Función Pública, “ni ningún otro cargo político”.
“El señor Palacio puede seguir buceando en el Boletín Oficial de Cantabria y retrotraerse en el tiempo todo lo que quiera, pero pierde el tiempo y dará en hueso, porque la gestión ha sido en todo momento intachable”, ha agregado el Gobierno de Cantabria.
Asimismo, ha explicado que la directora de Función Pública es en este momento “la única persona con competencias” en la Administración de Cantabria para convocar un concurso de méritos, pero no interviene “para nada” en su desarrollo, que corresponde “en exclusiva” a la comisión de valoración, en la que únicamente pueden participar funcionarios con categoría igual o superior a la del cargo a adjudicar y “en ningún caso representantes políticos”.
Del mismo modo y una vez resuelto el concurso, su papel se limita a firmar la resolución por la que entra en vigor la decisión de la referida comisión de valoración. Por lo tanto y con independencia de la participación de cualquier familiar en un proceso selectivo, “no hay lugar para tratos de favor”.
Finalmente, ha subrayado que el concurso de méritos aludido por Palacio descartó a varios aspirantes, “pero ninguno de ellos presentó ni una sola reclamación, cosa que habría sucedido de producirse cualquier sospecha de infracción de la legalidad”.
