Poco a poco la Justicia va poniendo orden en el caos de bulos y teorías conspiranoicas que se difundían impunemente en Internet
Caldo de cultivo para todo tipo de bulos e inventos, redes marginales como Telegram y otras han dado cobijo a la difusión de documentos «mendaces», según el auto, que ha originado la orden de prisión provisional para Alberto Royuela Fernández y su hijo Santiago Royuela Samit.
Ambos son los principales creadores y difusores de lo que se ha denominado como «Expediente Royuela», una recopilación de presuntos documentos con presuntas corrupciones de altos políticos y cargos judiciales españoles.
El «Expediente Royuela», en folios cutres garabateados, recopila presuntos crímenes encargados por una supuesta trama de políticos, jueces y fiscales corruptos.
Todo ello sin pruebas, algo que no ha impedido que esta maraña de bulos y falsas acusaciones sobre conocidas personalidades sea, cómo no, acogida con júbilo y sin criterio por diversos colectivos negacionistas y conspiranoicos de manual.
Desde las acciones contra los creadores y difusores de longevos bulos como el caso Bar España, la Justicia española ha comenzado a tomar cartas en el asunto dada la grave amenaza que la creación de invenciones y difusión de bulos puede suponer para la Democracia.
En el caso de los Royuela, con fuertes vinculaciones con la ultraderecha, además ambos tienen un largo historial de encontronazos con la Justicia, tal como se describe en Newtral.
Los Royuela aparecen en un informe de la UDEF con denuncias interpuestas ante la Policía Nacional en colaboración con el exjuez Fernando Presencia sobre presuntas cuentas millonarias de altos cargos en el extranjero.