César Pascual anima a denunciar las agresiones para “rechazar y desterrar” definitivamente estos comportamientos de la convivencia
El consejero de Salud del gobierno de Cantabria, César Pascual, ha animado a los profesionales sanitarios a denunciar cualquier tipo de violencia porque es «intolerable», y aunque el balance de 2024 es mejor que en 2023, aún así los sanitarios que trabajan en Cantabria sufrieron 274 incidentes violentos.
Pascual, que hoy ha hecho balance de las agresiones a profesionales en centros sanitarios durante 2024, ha detallado que se notificaron 297 incidentes violentos en Cantabria, nueve menos que el año anterior (306).
Sin embargo, ha aclarado, solo 274 de esas notificaciones resultaron ser incidentes violentos, ya que el resto eran meras protestas (268 en 2023). Del total de 274 notificaciones, 22 de los sucesos notificados han afectado a 57 trabajadores, por lo que se consideran “agresiones múltiples”, lo que implica que no existe una correspondencia exacta entre el número de agresiones y el número de profesionales afectados.
De los 274 incidentes considerados agresiones, 273 fueron a profesionales del Servicio Cántabro de Salud (SCS) y uno de la Inspección Médica de la Consejería de Salud. En porcentajes, el 53% de las notificaciones de incidentes violentos son de Atención Primaria (144); el 36% de Valdecilla (99 casos); y el 5% en Laredo y Sierrallana, con 15 casos cada hospital.
Respecto a categorías profesionales, ha subrayado el consejero, los facultativos acumulan mayor número de incidentes violentos con 95, el 35% del total, seguidos por los profesionales de enfermería, con 83 casos, un 30%. El personal administrativo registró 44 casos (16%), los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería 35 casos (12%); los celadores, 11 (4%) y, el resto, fisioterapeutas, trabajadores sociales y otros, con dos casos cada uno (1%), respectivamente.
El 16% de los incidentes han sido físicos
Si hablamos del tipo de incidente, del total, el 75% (204) han sido incidentes violentos, verbales, presenciales, pero no físicos. Sin embargo, el 16% (44) han sido físicos, seguidos por los no físicos telefónicos, un 8% (22) “en su mayoría relacionados con tema de citaciones”, no físicos en redes sociales con un 1% (3) y otras fórmulas (1), que ha sido una amenaza a través de correo electrónico anónimo. En estos cuatro últimos casos, se ha interpuesto denuncia ante la autoridad competente.
“Existe, por tanto, un claro predominio de los incidentes violentos verbales sobre los físicos, 226 frente a 44”. Respecto a esas 44 agresiones físicas, ha matizado el consejero, 16 no fueron intencionadas, “puesto que se han producido en un contexto de salud mental en el cual los responsables del incidente violento o tenían las facultades mentales perturbadas en el momento del producirse, o eran pacientes de edad muy elevada con demencia”.
Sin embargo, en las 28 agresiones restantes se apreció intencionalidad, por lo que 9 profesionales han denunciado ante los cuerpos y fuerzas de seguridad, se han incoado 7 expedientes sancionadores y habido dos actuaciones que no han prosperado, una por fallecimiento del presunto responsable y la otra por falta de identificación del presunto agresor.
En este punto, Pascual ha querido volver a hacer hincapié en la necesidad de denunciar, puesto que solo 9 de los 28 profesionales agredidos han presentado denuncia. “Ese es el primer paso para dar solución a este problema y para visibilizar las agresiones”.
El 70% de las personas responsables de los incidentes violentos ha sido pacientes (188), 27% familiares (73) y un 4% acompañantes o visitantes (13).
Actuaciones de la Consejería
Para poner fin a esta situación la Consejería de Salud cuenta con dos grupos de trabajo. El primero de ellos, es el que recibe las notificaciones, informa de los casos, resuelve dudas, coordina las actuaciones y pone en marcha las actuaciones que la administración tiene que poner, que van desde un simple apercibimiento hasta la incoación de expedientes sancionadores.
Existe otro grupo de trabajo con las gerencias, “básicamente de trabajo sobre las actuaciones que se van poniendo en marcha y su evaluación”. De hecho, entre las actuaciones más relevantes del año pasado está la de incluir en la Ley de Ordenación Sanitaria la falta de respeto, ahora ya sancionable.
Además, la futura Ley de Simplificación Administrativa va a otorgar a los profesionales sanitarios la consideración de autoridad lo que, además de visibilizar el problema, permite “invertir la carga de la prueba, ser mucho más rápidos en el procedimiento, ofrecer mayor protección penal porque implica mayores penas y sanciones y provoca un efecto disuasorio”.
A todo esto, se suma, ha dicho, que la administración ha rebajado la cuantía de las sanciones que se, que antes eran “altísimas y difíciles” de imponer a la hora de tipificar las faltas y tramitar los expedientes. El año pasado se han incoado 62 expedientes sancionadores, 32 a mujeres y 30 a hombres.
De esos 62, 37 han sido por falta leve, con sanciones de 200 a 300 euros, y 25 por falta grave, con sanciones de 3.000 euros. Además, hubo 26 casos en que no se pudieron realizar actuaciones, bien por no tener identificado al presunto agresor y en otros 26 el relato de la persona agredida y la supuestamente responsable eran contradictorios. También, en otros 18 casos se vinculó al estado de salud mental del presunto agresor y quedaron anulados.
Por último, el consejero ha recordado que hay cámaras de vigilancia plenamente instaladas y operativas en todos los centros de salud y los SUAP y durante este semestre se terminará su instalación en todos los consultorios.
