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El IX Informe FOESSA, realizado sobre datos de 2024, alerta del aumento de la vulnerabilidad y señala la vivienda como principal foco de exclusión y desigualdad en Cantabria
Según Daniel Rodríguez de Blas, investigador de FOESSA, España atraviesa un proceso inédito de fragmentación social en el que la clase media se contrae desplazando a muchas familias hacia estratos inferiores: “no fallan las personas, falla el sistema”, ha señalado en Santander
Si bien la tasa de paro en Cantabria es una de las más bajas del país (en torno al 7%), se da la paradoja de que el empleo ha perdido capacidad protectora y no garantiza la plena integración. En torno al 10% de los hogares cántabros cuyo sustentador principal está trabajando, se encuentra en situación de exclusión social
Santander, 24 de febrero de 2026. Mas de 80.000 personas se encuentran en situación de exclusión social en Cantabria, lo que supone un 14% de la población. Es una proporción inferior a la del conjunto del Estado, donde este porcentaje alcanza el 19%, pero muestra una tendencia clara: el espacio social de la exclusión en nuestra comunidad ha crecido de forma notable entre 2018 y 2024, con un incremento de 20.000 personas.
Esta es una de las conclusiones del IX Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en Cantabria que han presentado este martes en Santander Don Arturo Ros Murgadas, obispo de Santander y presidente de Cáritas Diocesana; Sonsoles López Huete, directora de Cáritas Diocesana de Santander, y Daniel Rodríguez de Blas, técnico de la Fundación FOESSA.
El informe habla de pobreza, pero sobre todo de exclusión y describe un proceso “silencioso pero persistente” de deterioro social. Tras más de dos décadas marcadas por la crisis financiera, la pandemia, la inflación y la tensión habitacional, las fases de recuperación económica no han logrado cerrar las brechas abiertas. “Cantabria no ha vivido un colapso social, pero sí un ensanchamiento progresivo del espacio de la exclusión”, ha afirmado Rodríguez de Blas.
Desde 2018 hasta 2024, el número de personas en situación de exclusión social en Cantabria se ha incrementado en un 30%, mientras que los casos de exclusión severa que requieren una atención prioritaria se han mantenido estables, afectando a unas 20.000 personas y poniendo en evidencia la persistencia de situaciones de gran vulnerabilidad. El informe insiste en una idea central: “no fallan las personas, falla el sistema”. Tres de cada cuatro personas en exclusión severa están trabajando o buscan empleo, lo que desmonta la idea de que la exclusión responde a falta de esfuerzo individual.
Durante su intervención, el obispo de Santander ha subrayado que comprender la realidad es una dimensión esencial de la caridad cristiana y ha hecho suyas las palabras del Papa Francisco: “la exclusión económica y social es una negación total de la fraternidad humana y un gravísimo atentado a los derechos humanos y al ambiente”.
La vivienda, epicentro de la exclusión
El estudio constata que la vivienda se ha convertido en el epicentro de la exclusión social en Cantabria, afectando a un 23% de la población, un porcentaje que se ha duplicado desde el año 2018 debido, fundamentalmente, al incremento de precios. En este periodo el precio de compra de vivienda aumentó en torno a un 38%, porcentaje que crece hasta el 60% cuando se habla de obra nueva. Paralelamente, los precios del alquiler subieron un 20%, “muy por encima de la evolución de los ingresos de las familias”.
Actualmente en Cantabria más de 55.000 personas realizan un sobreesfuerzo económico excesivo para pagar su vivienda, mientras que el número de ciudadanos con problemas de movilidad que viven en hogares con barreras arquitectónicas supera los 50.000. “Estamos hablando, por tanto, de decenas de miles de ciudadanos para quienes la vivienda no es un espacio plenamente seguro ni accesible”, ha destacado Daniel Rodríguez, quien ha añadido que “cuando el coste de la vivienda crece a ese ritmo, la tensión se traslada a la vida cotidiana. Una parte creciente de los ingresos se destina a sostenerla, reduciendo el margen para el consumo básico o el ahorro, y convirtiendo el hogar en un factor de vulnerabilidad más que de estabilidad”.
La vivienda, concluye el informe, se ha convertido en “el gran cuello de botella de la integración social”.
Empleo: mejora macroeconómica, fragilidad cotidiana
Si bien la tasa de paro en Cantabria es una de las más bajas del país (en torno al 7%), se da la paradoja de que el empleo ha perdido capacidad protectora y ya no garantiza la plena integración. En torno al 10% de los hogares cuyo sustentador principal está trabajando se encuentra en situación de exclusión social. Mientras los salarios han aumentado alrededor de un 16% en términos nominales, debido a la elevada inflación, el poder adquisitivo real de las familias apenas ha mejorado. En este sentido, el informe incide en que el crecimiento económico no garantiza la cohesión social si no se traduce en estabilidad, suficiencia salarial y acceso a derechos básicos.
El estudio destaca que el crecimiento reciente del empleo se apoya de manera significativa en la incorporación de la población migrante al mercado laboral, que ha consolidado su papel como parte esencial del desarrollo económico de la comunidad. El incremento del número de trabajadores que han nacido en el extranjero ha sido especialmente notable en Cantabria en los últimos años (58% frente al 3,5% de nacionales desde 2018).
Una fractura relacional creciente
Más allá de lo estrictamente económico, el informe detecta un deterioro significativo en el eje relacional de la exclusión. Desde 2018 han crecido los índices de aislamiento social, entendido como aquellas situaciones en las que las personas carecen de apoyos externos ante dificultades graves o ven debilitadas sus redes de relación, y también se han incrementado las situaciones de conflicto social, englobando problemas graves dentro del hogar tales como como adicciones, malos tratos o tensiones familiares.
Las dificultades en el eje relacional, que agrupa estos problemas de aislamiento y conflicto, se han duplicado en Cantabria y afectan ya a uno de cada diez hogares. Una evolución que confirma cómo la exclusión es un fenómeno multidimensional: no es solo insuficiencia de ingresos, sino acumulación de dificultades en el empleo, la vivienda, la salud, la educación, la participación y los vínculos sociales.
Los perfiles de mayor riesgo
La exclusión social en Cantabria presenta rostros concretos y afecta a uno de cada cuatro niños y niñas y al 45% de los hogares en los que el sustentador principal es de nacionalidad extranjera. “Aunque la población migrante ha sido clave para el dinamismo creciente del mercado laboral cántabro, su posición social continúa siendo mucho más vulnerable”, ha explicado Daniel Rodríguez. El tercer rostro de la exclusión social en Cantabria está relacionado con el nivel educativo. Entre los hogares cuyo sustentador principal no tiene estudios o cuenta únicamente con estudios primarios incompletos, la exclusión alcanza también en torno al 45%.
En contraste, las personas mayores presentan tasas significativamente inferiores (7%), lo que, según este estudio, evidencia el efecto protector de políticas públicas consolidadas, tales como el sistema de pensiones.
Conocer la realidad para transformarla
El informe territorial forma parte de los 22 estudios derivados del IX Informe FOESSA estatal y se basa en la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales (EINSFOESSA), que analiza la exclusión desde una perspectiva multidimensional.
Sonsoles López Huete, directora de Cáritas Diocesana de Santander ha destacado que este informe debe ser un punto de partida para la acción, no solo de Cáritas, sino de todos los agentes políticos y sociales. Es importante, ha dicho, “que todos asumamos en lo político, en lo personal y en lo comunitario, la cuota de responsabilidad que tenemos en la construcción de soluciones y oportunidades”.
Cáritas Diocesana de Santander acompaña cada año a unas 6.000 personas en situación de vulnerabilidad y exclusión, ofreciendo apoyo cercano, escucha y oportunidades para recuperar su autonomía. Con presencia en todo el territorio, la entidad cuenta con la colaboración de personas voluntarias, parroquias y profesionales, con una inversión anual en torno a los 3 millones de euros que se destinan a cubrir necesidades básicas, sostener la vivienda y generar procesos de inclusión y esperanza.
Hacia un nuevo pacto social
El documento concluye con una llamada a reforzar la cohesión social mediante un nuevo pacto que sitúe la vida, el cuidado y la sostenibilidad en el centro. FOESSA y Cáritas insisten en que la exclusión no es un accidente individual, sino el resultado de desajustes estructurales que requieren respuestas colectivas, políticas públicas sólidas y visión a largo plazo.
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