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El BOC publica hoy el trámite de audiencia e información del texto que el Gobierno pedirá al Parlamento que se tramite por lectura única para agilizar el proceso de aprobación
Santander- 05.11.2025
El Gobierno de Cantabria ha acordado con la Asociación Cántabra de Víctimas del Terrorismo (ASCANVITE) el contenido de la modificación de la Ley autonómica 1/2023, de 5 de abril, de Reconocimiento, Homenaje, Memoria y Dignidad a las Víctimas del Terrorismo para ampliar los objetivos de la norma e incluir supuestos indemnizatorios inicialmente no contemplados, extendiéndolos en beneficio de más víctimas y sus familiares.
El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publica hoy la resolución por la que se acuerda someter al trámite de audiencia e información pública el anteproyecto de ley por el que modifica la norma. El Gobierno autonómico, según ha avanzado la consejera de Presidencia y Justicia, Isabel Urrutia, pedirá al Parlamento de Cantabria su tramitación por lectura única, dada la sencillez del texto, con el fin de agilizar el proceso de aprobación.
Según se recoge en la exposición de motivos del proyecto, este cambio permitirá ahondar en uno los objetivos prioritarios de la Ley, consistente en la creación de un sistema de reparación integral de los daños causados por las actuaciones terroristas y la defensa de los intereses de las víctimas de terrorismo.
En este contexto, se ha considerado procedente incluir como beneficiarios a los herederos de quienes, teniendo derecho a recibir las indemnizaciones previstas, hubieran fallecido antes de la entrada en vigor de la ley autonómica, siempre que los herederos fueran cónyuges o personas ligadas a ellas por análoga relación de afectividad o parientes consanguíneos dentro del segundo grado.
Por otro parte, se amplían los supuestos merecedores de indemnización, extendiéndola a las víctimas de secuestro y de amenaza o coacciones directas y reiteradas de organizaciones terroristas cuando, en este último caso, hubieran determinado la necesidad de establecer su centro de vida familiar en alguno de los municipios de Cantabria.
En este supuesto, se establecen nuevos criterios de exigencia de empadronamiento para facilitar su efectiva aplicación, delimitando la fecha del cambio de residencia y la extensión del empadronamiento hasta la entrada en vigor de la Ley 1/2023 de Cantabria.
De cualquier forma, en estos nuevos casos también se requerirá el resto de cumplimientos legales para la concesión de las indemnizaciones y el previo reconocimiento por parte del Ministerio del Interior de la condición de víctima.
Con la normativa actualmente en vigor, el Ejecutivo regional reconoció en 2024 indemnizaciones a 35 víctimas del terrorismo y familiares por fallecimiento y daños físicos o psíquicos, por un importe total de 1.353.408 euros. Ahora, con la modificación de la ley, se podrá ampliar el reconocimiento indemnizatorio a los herederos de las víctimas fallecidas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley autonómica y se concederán ayudas en nuevos supuestos como las amenazas o el secuestro.
La consejera de Presidencia y Justicia ha destacado la importancia de mejorar la ley y que sea el mayor número posible de víctimas las que puedan ser beneficiarias de las ayudas del Gobierno de Cantabria. Igualmente, Urrutia ha valorado que la presente iniciativa legislativa cuenta el consenso de todos los grupos parlamentarios para mejorar la reparación de las víctimas y sus familias.
El anteproyecto de Ley consta de 6 artículos, una disposición transitoria y una disposición final.
El texto completo del proyecto puede ser consultado en el Portal de Transparencia de Cantabria o en la sede de la Dirección General de Justicia y Víctimas del Terrorismo. Las aportaciones se podrán hacer por escrito en los lugares establecidos por la ley o a través del Portal de Participación Ciudadana del Portal de Transparencia de Cantabria, en el plazo de diez días hábiles a partir de mañana.
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