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Los sindicatos convocan una concentración el jueves, 30 de octubre, a las 12.00 horas, frente a la Delegación de Gobierno, a la que animan a acudir a toda la ciudadanía
Las organizaciones advierten del “deterioro de lo público” y recuerdan que 35.000 empleados y empleadas en Cantabria tienen sus salarios congelados mientras España muestra el mayor crecimiento económico de Europa
CCOO, UGT y CSIF han convocado una concentración este jueves, 30 de octubre, en Santander, para exigir un nuevo acuerdo que descongele los salarios de los y las trabajadoras públicas y garantizar tanto sus derechos como la calidad de los servicios públicos. La movilización, que se enmarca en el calendario de protestas que inician los tres sindicatos en todo el territorio, será a las 12.00 horas frente a la Delegación del Gobierno en Cantabria.
Como han subrayado en rueda de prensa Martín Calonge, secretario general de UGT-Servicios Públicos, Arantxa Cossío, coordinadora del Área Pública de CCOO de Cantabria, y Manuel Garay, presidente autonómico de CSIF Cantabria, “de los servicios públicos depende la garantía de la democracia y del estado de bienestar, y sufren un deterioro progresivo que está provocando situaciones indeseables y de desigualdad”, por lo que han animado a la ciudadanía a participar en la movilización.
Los representantes de los tres sindicatos han advertido que “no se está invirtiendo en unos servicios públicos eficaces, eficientes y accesibles, y lo estamos viendo en educación, sanidad o servicios sociales, por ejemplo, y en la indignación social o falta de respuesta ante catástrofes”.
En este escenario, las organizaciones sindicales han incidido en que “el Gobierno central y autonómico no están poniendo soluciones y, mientras España muestra el mayor crecimiento económico de Europa, más de 3,5 millones de empleados y empleadas públicas tienen sus salarios congelados y ven cómo, además, se privatizan servicios esenciales, como estamos viendo con Santa Clotilde o el transporte sanitario”. En Cantabria, los datos de empleados y empleadas del sector público ascienden hasta unas 35.000 personas entre personal del Estado, autonómico o del sector local, “y este recorte afecta a todos los cuerpos, a quienes repercute, además, el envejecimiento que sufre la Administración, con una tasa de interinidad que no baja del 30% y la pérdida de calidad del servicio público porque no se cubren todas las bajas al no contratar lo suficiente”.
Mientras está previsto que el IPC alcance el 3% para finales de 2025, CCOO, UGT y CSIF han asegurado que “los trabajadores y trabajadoras públicas apenas hemos tenido una subida del 0,5%” y han apuntado que, mientras, “vemos, día a día, cómo las negociaciones en el sector privado alcanzan subidas salariales del 3,7%, o del 2,8% para las pensiones contributivas, parte esencial de lo público”. Por tanto, los sindicatos se han preguntado “qué ocurre con los y las empleadas públicas, que inaceptablemente llevamos todo el año con los salarios congelados”.
En este sentido, CCOO, UGT y CSIF han advertido que “si queremos un estado de bienestar con servicios públicos de calidad, no vale que solo nos recuerden cuando hay incendios o pandemias, estamos para muchas más cosas y nos movilizamos para luchar por las parcelas necesarias para que esto funcione”. Así, las centrales sindicales han subrayado que “el Gobierno tiene que escucharnos y entender que el empleo público tiene que ser calidad”, por lo que el 30 de octubre “comienza el proceso de movilización y su desarrollo e intensificación en las próximas semanas y meses dependen de la voluntad y decisión del ministro de Función Pública de negociar”.
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