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En su respuesta a Gabriel Rufián el Gobierno afirma que «no dispone de datos oficiales sobre el número de páginas o servicios legítimos bloqueados, al no haber recibido información o comunicaciones formales al respecto»
«El Ministerio de Cultura no ha recibido hasta la fecha comunicaciones o quejas formales que acrediten casos concretos de sobrebloqueo», ha respondido el Gobierno a las preguntas enviadas por Gabriel Rufián (ERC) al Congreso de los Diputados sobre los bloqueos masivos e indiscriminados impulsados por la empresa privada LALIGA en connivencia con las principales empresas telefónicas del país.
Pese a que con cada partido de LALIGA miles de webs legítimas son bloqueadas por las telefónicas en virtud de una «torticera» sentencia que permite bloquear rangos enteros de direcciones de Internet Protocol (IP), el Gobierno dice no tener conocimiento de «sobrebloqueos».
«En cualquier caso, el Gobierno sigue con atención la evolución de esta situación y anima a las personas o entidades potencialmente afectadas a trasladar sus casos por las vías previstas, a fin de poder conocer su alcance y, en su caso, facilitar el ejercicio de sus derechos», se afirma en la respuesta.
«El Ministerio de Cultura no dispone de datos oficiales sobre el número de páginas o servicios legítimos bloqueados, al no haber recibido información o comunicaciones formales al respecto. En cualquier caso, considera esencial que este tipo de medidas se ejecuten con las debidas garantías, y anima a las partes afectadas a acudir a los tribunales si estiman que se han producido bloqueos indebidos», se agrega en la respuesta aunque no se explica porqué se alude al Ministerio de Cultura en este caso.
«Tampoco se dispone de información cuantitativa sobre los posibles daños derivados de lo que se ha denominado “LaLiga Gate”, al no haberse notificado oficialmente a la Administración. Con todo, el Gobierno considera importante que, en caso de existir perjuicios, se utilicen los mecanismos judiciales pertinentes para su valoración y reparación».
«La reparación de posibles daños derivados de la ejecución de sentencias corresponde al ámbito judicial. No obstante, el Gobierno considera legítima la preocupación por la existencia de vías ágiles y eficaces para ello, y recuerda que el ordenamiento jurídico ya prevé procedimientos específicos de reclamación por daños y perjuicios».
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