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La Plataforma de Afectados por la Hipoteca Santander – Cantabria (PAH) ha denunciado que desde el Colegio de Abogados ‘se niegan a tramitar solicitudes de justicia gratuita en procedimientos de desahucio’ porque, a juicio de este colectivo, ‘impide de forma sistemática el acceso a abogados del turno de oficio a personas de bajos ingresos’.
La PAH ha hecho pública hoy la presentación de varias reclamaciones tras ‘constatar que tanto el Servicio de Orientación Jurídica de Santander como el propio Colegio se han negado a tramitar solicitudes de justicia gratuita cuando afecta a las primeras fases de un procedimiento de desahucio’, explican en un comunicado. Esta práctica, según la Plataforma, está ‘dejando sin abogado a decenas de personas que no pueden permitirse una asistencia letrada de pago’.
El caso más reciente afecta a una integrante de la PAH citada a un acto de conciliación con el propietario de la vivienda que alquila desde 2017. El propietario ha promovido el acto mediante abogado de pago, paso previo necesario para presentar una demanda de desahucio desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Eficiencia Procesal el pasado 3 de abril. Aunque la ley no obliga a acudir con abogado, ‘sí reconoce expresamente el derecho a asistencia jurídica gratuita cuando la otra parte cuenta con representación letrada, como sucede en este caso’.
Sin embargo, la solicitud de la afectada fue rechazada y desde los servicios del turno de oficio se le comunicó que ‘existía una instrucción interna del Colegio de Abogados de Cantabria de no admitir solicitudes de justicia gratuita en actos de conciliación, a pesar de estar amparadas por la ley’. ‘La negativa se mantuvo incluso tras recordarles por parte de miembros de la PAH el contenido literal de la nueva normativa del turno de oficio, sin ofrecer justificación jurídica alguna ni permitir la presentación formal del escrito’, asegura la PAH.
Desde la PAH aseguran que esta práctica obedece a ‘un conflicto entre el Colegio de Abogados y el Gobierno de Cantabria’ en el que “están utilizando a las personas pobres como rehenes”. Mientras que la asistencia letrada mediante el turno de oficio en algunos procedimientos previos a una demanda es un derecho reconocido a nivel estatal desde abril de 2025, el pago a los abogados de justicia gratuita con recursos públicos depende de normativa autonómica que no se ha actualizado desde 2023. “En vez de exigir responsabilidades al Gobierno de Cantabria, el Colegio de Abogados está negando un derecho fundamental a las personas que más lo necesitan sin dar explicaciones públicas”.
La PAH ha presentado varias denuncias formales solicitando la apertura de expediente disciplinario contra quienes resulten responsables de ‘bloquear el acceso al turno de oficio’. Además, ha exigido que el Colegio haga pública por escrito la supuesta instrucción que impide registrar las solicitudes, dada su incidencia directa en derechos fundamentales. Por último, está ‘valorando posibles acciones legales contra el propio Colegio de Abogados por vulneración del derecho a la defensa’. “La alternativa es permitir que existan dos tipos de justicia: una para ricos y otra para pobres”, declaran desde la PAH.
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