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Gabriel Herrería, presidente de la Coordinadora, comparece en el Parlamento de Cantabria y subraya el papel del tercer sector como ‘actor clave en la democracia participativa’
SANTANDER, – 18 de junio de 2025 – Esta mañana, Gabriel Herrería, presidente de la Coordinadora Cántabra de ONGD, ha comparecido ante la Comisión de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Parlamento de Cantabria, en el marco del proceso de información y aportaciones al Proyecto de Ley de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto de la Administración Autonómica.
La sesión ha contado con representantes de los cuatro grupos políticos con presencia parlamentaria. Además de la Coordinadora, han intervenido como comparecientes la Federación de Municipios de Cantabria y la Red Cántabra de Desarrollo Rural, en una jornada marcada por el reconocimiento a la participación activa de la sociedad civil y del territorio en la construcción democrática.
Durante su intervención, Herrería ha celebrado el impulso de una norma orientada a consolidar los derechos participativos de la ciudadanía, pero ha advertido de que el proyecto presenta aún “limitaciones importantes en su alcance transformador, su enfoque procedimental y su débil integración del tercer sector como actor estratégico”.
El tercer sector: infraestructura social de la participación
La Coordinadora ha puesto de relieve la necesidad de reconocer al conjunto del tercer sector —asociaciones, fundaciones, ONGD, redes comunitarias, colectivos vecinales y plataformas ciudadanas— como parte esencial del ecosistema democrático. Herrería ha subrayado que estas entidades no solo representan intereses legítimos, sino que “vehiculan, acompañan y fortalecen la participación ciudadana desde el territorio y con visión global”.
En el caso concreto de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD), ha destacado su doble dimensión: la acción internacional y el trabajo de educación, sensibilización y movilización ciudadana que realizan desde Cantabria. “Trabajamos aquí, en escuelas, en barrios, en espacios públicos, promoviendo una ciudadanía crítica, corresponsable y solidaria. Somos agentes de participación, no solo beneficiarios de fondos públicos”, afirmó.
Una ley que reconozca también la dimensión global
La Coordinadora ha defendido que la futura ley debe incorporar de forma expresa la dimensión global de la participación ciudadana, en coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los principios de la Agenda 2030. “Hoy los desafíos son comunes y globales. Participar también es implicarse en la lucha por los derechos humanos, por la justicia climática, por la equidad de género, desde aquí y con una mirada más allá de nuestras fronteras”, señaló.
Asimismo, se ha reclamado que la ley establezca sinergias entre los mecanismos de participación ciudadana y las políticas públicas de cooperación internacional, reconociendo espacios ya existentes como el Consejo Cántabro de Cooperación al Desarrollo y promoviendo nuevos canales para que la ciudadanía y el tejido asociativo puedan incidir en la formulación, seguimiento y evaluación de estas políticas.
Propuestas presentadas
Entre las principales propuestas planteadas por la Coordinadora destacan:
- Reconocer la dimensión transformadora y global de la participación ciudadana, más allá del ámbito local.
- Incluir al tercer sector organizado como sujeto prioritario en los órganos consultivos, registros de entidades y procesos participativos.
- Articular la ley con espacios existentes de participación, como el Consejo de Cooperación, garantizando su continuidad y fortalecimiento.
- Promover presupuestos participativos con posibilidad de incluir partidas destinadas a cooperación y solidaridad internacional.
- Garantizar que los procesos participativos sean representativos, accesibles, evaluables y dotados de recursos, fomentando la participación efectiva de colectivos históricamente excluidos.
- Una llamada a fortalecer la democracia participativa
En sus palabras finales, Herrería ha tendido la mano a los grupos parlamentarios para mejorar el texto y garantizar que esta ley se convierta en una herramienta real de transformación democrática:
“La participación ciudadana no puede ser solo un trámite; debe ser un derecho efectivo con impacto en las políticas públicas. Y para eso, necesitamos una ley valiente, que reconozca y refuerce el papel del tercer sector como garante del interés general y de la justicia social, aquí y en el mundo”.
La Coordinadora ha valorado muy positivamente el espacio de diálogo abierto por el Parlamento y ha expresado su disposición a colaborar en el proceso de mejora del texto legislativo.
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