Yolanda Díaz: «Ninguna empresa está por encima de la ley. Aproximadamente 60.000 personas desde la entrada en vigor de la Ley Rider verán sus derechos garantizados».
Cada vez que alguien dice que su empresa es «disruptiva» muere un gatito. Con el cuento de la revolución tecnológica, hordas de empresas del capitalismo más salvaje han irrumpido en diversos sectores como elefantes en una cacharrería para reventar el mercado sin aceptar las normas del juego habituales, y ni siquiera cumplir con las normativas laborales más básicas.
Es el caso paradigmático de Glovo, una de las muchas empresas que tenía a todos sus repartidores como falsos autónomos, unos 15.000 trabajadores que ahora serán dados de alta en la Seguridad Social por la esquiva empresa.
El modelo de los falsos autónomos ha acarreado para Glovo multitud de multas de más de 700 millones de euros y sentencias en su contra, ya que la jurisprudencia ha dictaminado con claridad que es la empresa a través de la aplicación la que organiza todo el trabajo de los repartidores, desde los horarios hasta las rutas, por lo que es muy difícil de sostener que un joven con un móvil sea un emprendedor independiente.
Después de la Ley Rider, impulsada por el ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, todo el modelo de negocio «disruptivo» de Glovo y otras empresas saltó por los aires y los beneficios empresariales cayeron en picado.
Díaz, la gran impulsora de la Ley, ha celebrado en Twitter el anuncio de la empresa con las palabras: «Ninguna empresa está por encima de la ley. Aproximadamente 60.000 personas desde la entrada en vigor de la Ley Rider verán sus derechos garantizados».
Además, el propio ministerio ha asegurado que un repartidor «no es ni un emprendedor ni un trabajador autónomo: es una persona asalariada», y este movimiento impulsado desde el gobierno de España se estima que va a generar unas 60.000 regularizaciones que convertirán a los falsos autónomos en empleados.
Glovo asegura que abrirá un proceso con los sindicatos para la regularización de sus trabajadores y el paso a un trabajo salariado en las más de 900 ciudades en las que opera.
La compañía anuncia esta regularización «in extremis», justo un día antes de que su CEO Oscar Pierre tuviera que declarar acusado por vía penal por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.
