La decisión del Ejecutivo se lleva a cabo después de que la Audiencia Provincial haya ratificado la denegación de la medida cautelar solicitada de exclusión de los expedientes de contratación en marcha de las empresas investigadas
El Gobierno de Cantabria desiste de los procedimientos administrativos en los que se encontraban los 11 contratos que están siendo investigados en el ‘caso Obras Públicas’ y comenzar su tramitación nuevamente, tras el auto de la Audiencia Provincial de Cantabria que permite al Ejecutivo cántabro iniciar los procesos en los que estaban implicadas las empresas CANNOR-La Encina, Rucecan, Imesapi y API Movilidad, actualmente en investigación.
En concreto, se trata de la conservación del puente sobre la ría de Cubas (3.387.056 euros); reparaciones puntuales de la capa de rodadura (3.806.676 euros); senda peatonal de la CA-171 Reinosa-Corconte (865.834 euros); camino peatonal entre Matamorosa y Villaescusa (499.957 euros); ejecución de senda ciclable en la CA-131 Barreda-La Revilla (3.470.682 euros); nueva instalación, reposición y mantenimiento de las mallas de triple torsión (3.650.417 euros); limpieza y eliminación de sedimentos y otros materiales (1.686.922 euros); conservación y mantenimiento de los elementos funcionales urbanos e interurbanos (4.863.970 euros); mantenimiento, conservación y limpieza de cunetas y cauces (6.150.786 euros); proyecto de conservación, mantenimiento y nueva implantación de barreas de seguridad (2.876.745 euros), y senda peatonal en las CA-728 y CA-171 Reinosa-Monegro (1.301.439 euros). Un total de 11 proyectos que suman una inversión total de 32.560.484 euros.
Tal y como ha explicado el consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, esta decisión “busca transparencia, control y celeridad”, por lo que en parte de esos 11 contratos, los relativos a la conservación y el mantenimiento de carreteras autonómicas, se van a adoptar todas las medidas necesarias para “garantizar el buen funcionamiento de nuestras vías y que sigan teniendo unos niveles de excelencia”.
“Tenemos que resolver lo más inmediato ya que estamos hablando de un servicio básico y esencial y nuestra obligación es garantizar la seguridad de los usuarios”, ha subrayado Media, quien ha insistido en “ésta es la fórmula más rápida y eficiente para asegurar el mantenimiento de las vías y que estén en buen estado durante los próximos meses”.
Además, ha recalcado que “ya estamos trabajando para readaptar los pliegos y hacer la licitación ordinaria de los próximos 4 años, un proceso que no estará resuelto hasta el verano que viene” y ha querido dejar claro que “no estamos parados, estamos trabajando al 100% para poner en marcha todos estos proyectos que suponen una inversión muy importante por toda la región. Queremos recuperar cuanto antes la normalidad en la Consejería”.
En el resto de contratos, los relativos a obras generales y concretas, ha precisado que ya se están rehaciendo los pliegos y comprobando los precios unitarios de las unidades de los proyectos, así como sus mediciones.
En concreto, ha dicho, se trata de 4 sendas ciclables y peatonales y el proyecto de conservación del puente sobre la Ría de Cubas que une Somo y Pedreña.
Una serie de trabajos que, según ha detallado, se encuentran ya en manos de la Dirección General de Obras Públicas para que los proyectos puedan licitarse “lo antes posible”.
El titular de Fomento ha asegurado que el Gobierno de Cantabria ya cuenta con herramientas de “mayor control” en materia de contratación para el conjunto de las consejerías y los organismos del sector publico autonómico, y ha asegurado que serán de aplicación a la Administración General, a los organismos autónomos y a todas las entidades del sector público institucional.
Una serie de medidas que, tal y como ha explicado, están agrupadas en cuatro objetivos fundamentales: incrementar la transparencia tanto desde la perspectiva de favorecer la concurrencia como la rendición de cuentas, fortalecer la profesionalización y formación de los funcionarios en este ámbito, mejorar los mecanismos de control y perfeccionar la legislación vigente.
