Se le complican las cosas a la empresa LALIGA, una especia de monopolio dirigido por Javier Tebas en forma de empresa privada con ánimo de lucro que desde hace varias semanas viene bloqueando media Internet española, incluyendo periódicos legítimos como CANTABRIA DIARIO entre miles de páginas web más.
El diario EL PAÍS, el único gran medio de comunicación generalista que ha publicado la noticia del bloqueo al proveedor tecnológico CloudFlare, ha desvelado las acciones legales que la multinacional tecnológica ha ejercido contra LALIGA por el bloqueo salvaje e indiscriminado a direcciones IP que albergan a miles de negocios legítimos, en un vano afán de luchar contra las aplicaciones que piratean las emisiones de partidos de fútbol.
Además de las acciones legales ejercidas por CloudFlare, los empresarios y usuarios afectados por los bloqueos aplicados por Movistar/O2 y DIGI, y en menor medida Vodafone y otras operadoras, también se están organizando a través de las redes sociales para gestionar denuncias colectivas.
Cuando LaLiga bloquea IPs de Cloudflare, no solo golpea a los infractores, sino también a miles de usuarios y servicios legítimos. Los justos están pagando por pecadores, y es hora de cambiar las reglas del juego.
¡Román Ramírez (@patowc) y RootedCON están en acción!
Si has…— /RootedCON (@rootedcon) February 18, 2025
Así, la entidad privada con ánimo de lucro regida por Tebas, parece que ha dado en hueso por sus acciones de bloquear páginas web legítimas, bloqueos que han causado un perjuicio a terceros todavía por determinar y cuantificar a través de varias denuncias colectivas y particulares que se están organizando. La propia sentencia que amparaba estos bloqueos afirma que las acciones técnicas debían llevarse a cabo sin perjudicar a terceros, algo que se ha incumplido de forma flagrante.
CloudFlare, con esta acción judicial, espera revertir la sentencia judicial que permitía a LALIGA bloquear direcciones IP de forma indiscriminada, tanto si esas direcciones acogían aplicaciones pirata como si daban servicios de seguridad a páginas legítimas. La multinacional estadounidense afirma que «los titulares de derechos no pueden anteponer sus intereses comerciales sobre el derecho fundamental de millones de consumidores a acceder a una Internet abierta”.
